Contexto

Contexto Nacional y regional del proyecto

Tal como se indica en el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la violencia de género es la manifestación más cruel e inhumana de la desigualdad existente entre mujeres y hombres que se ha producido a lo largo de toda la historia, en todos los países y culturas con independencia del nivel social, cultural o económico de las personas que la ejercen y la padecen.

 

Combatir todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o perjuicio económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada, debe ser una cuestión de Estado, ya que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 

Tras la aprobación por unanimidad el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siguiese impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado.

 

La Proposición no de Ley establecía la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, de una Subcomisión que tuviese como objetivo elaborar un informe con el fin de identificar y analizar los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género.

 

Como conclusión de los trabajos de este Grupo se elaboró un documento en el que se recogieron todas las medidas de las entidades participantes para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores. Este documento se remitió al Congreso y Senado para su toma en consideración.

 

Tras varios meses de trabajos, el 13 de septiembre 2017 el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Por su parte, el Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó sin ningún voto en contra el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

 

Los informes, además de identificar la situación de la lucha contra la violencia de género y analizar los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de dicha violencia, recogen un conjunto de propuestas de actuación para los próximos años entre las que se incluyen específicamente las principales reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, Naciones Unidas y Consejo de Europa.

 

Los textos, se remitieron al Gobierno para que los sometiera a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones civiles.

 

El trabajo desarrollado indica taxativamente que la eliminación de la violencia contra las mujeres es un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere una actuación unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación, en todas las acciones que se desarrollen, puesto que el trabajo que se realiza para conseguir su erradicación implica a multitud de agentes, tanto desde el sector público como desde el privado.

 

Así mismo, la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha incorpora transversalmente la formación en materia de igualdad.

 

El artículo 61 de la Ley de Igualdad señala que todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la función pública. Además, también obliga a la AGE a impartir cursos de formación a todo su personal, en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.

 

En el artículo 1 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha ya se señala, en su objeto y finalidad, el actuar frente a la violencia de género que, como manifestación de la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho de serlo, a través de la adopción de medidas integrales en orden a, entre otras cosas, la detección, prevención, formación y sensibilización.

 

En el artículo 19 de esta Ley se contempla expresamente la formación de profesionales. Así, señala que todas las convocatorias de procesos selectivos que realice la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el acceso al empleo público, deberán incluir en los temarios el conocimiento sobre el valor de la igualdad y sobre la violencia de género. Por otro lado, el Gobierno Regional adoptará las medidas necesarias para impulsar la formación sobre violencia de género y conocimiento del valor de la igualdad dirigida a cualquier profesional que desempeñe un empleo público relacionado con el objeto de la presente ley.

 

Finalmente, el artículo recoge que para profesionales que asistan a las víctimas de violencia de género se llevarán a cabo programas formativos de forma permanente. Los contenidos se extenderán a todas las manifestaciones de violencia de género, atendiendo también a las especificidades que se derivan de cada una de las distintas manifestaciones de la violencia sexista o las necesidades especiales de las mujeres que padezcan o estén en riesgo de sufrir cualquier.

 

La violencia de género es un problema de toda la sociedad. Toda la sociedad tiene que involucrarse en la búsqueda de soluciones eficaces para proteger a las víctimas, así como a sus hijas e hijos, rechazar a los maltratadores y prevenir la violencia.