En este sentido, las Entidades locales están progresando y haciendo suya la incorporación de la Igualdad como uno de los ejes de su actuación. Las causas son diversas pero principalmente, tienen que ver con el aumento de la autonomía para tomar decisiones sobre el desarrollo de sus territorios; y también, con el hecho de que las políticas comunitarias, estatales y autonómicas marcan un camino que termina en los Gobiernos Locales. Las Políticas de Igualdad son parte de este camino.
En el caso de nuestra Región, desde la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha se está realizando un proyecto que consiste en cursos de formación para cargos electos y personal o voluntarios de entidades locales y diputaciones, durante el periodo 2019-2021 en materia de prevención de Violencia de Género enmarcándose en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde la Consejería de Igualdad.
El proyecto se enmarca en un convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
La formación en materia de prevención de la violencia de género y en políticas públicas de igualdad en los niveles técnicos y políticos de los ayuntamientos de la región a través de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha será una herramienta importante, además de para el acervo del conocimiento y el avance en materia de igualdad, para una mayor efectividad de las políticas locales y una mejor coordinación entre todas las administraciones públicas, optimizando correctamente los recursos existentes.
La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha contará, a través de este proyecto, con una planificación formativa adaptada a las necesidades de la administración local castellanomanchega, que además se complementará con material didáctico para la elaboración y desarrollo de las políticas de igualdad efectiva y la lucha contra la violencia de género.
Con esta formación se da cumplimiento a las citadas leyes de ámbito estatal y autonómico que en lo relativo a la formación son claras al identificar a esta como una garantía del principio de igualdad y de avance en el cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género, que incluye numerosas acciones formativas y destaca el inmenso peso de la capacitación en las políticas contra la violencia de género.
Impulsar la formación de los y las profesionales constituye un elemento esencial para identificar las situaciones de violencia de género como señala la Ley Integral.
La formación permanente y especializada es un derecho del personal que, de una u otra forma, interviene en los casos de violencia de género en cualquiera de sus fases y es un deber de los poderes públicos ofrecerla e impartirla en las mejores condiciones.
Así, entre otros, algunos ya citados, el Programa Formativo tendrá los siguientes objetivos:
– Reforzar la formación en materia de violencia de género al personal político y técnico de los ayuntamientos de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha.
– Mejorar la coordinación de los ayuntamientos con otras administraciones en materia de violencia de género a través de herramientas de trabajo.
– Difundir y optimizar los recursos y servicios en materia de violencia de género existentes en Castilla-La Mancha.
– Mejorar la respuesta institucional en materia de violencia de género desde los ayuntamientos de la región especialmente en los ámbitos de la sensibilización, la prevención y la atención a las víctimas de violencia de género así como en los ámbitos de la educación, los servicios sociales, la cultura, el deporte municipal, etc…
– Apoyo a la elaboración de políticas de igualdad municipales a través de herramientas para poner en marcha acciones sectoriales y transversales.
– Ampliar conocimientos sobre conceptos, normativa y evolución histórica de las políticas de igualdad y violencia de género.
– Difundir buenas prácticas municipales.
Ya el artículo 14 de la Constitución de 1978 dice que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y recuerda por tanto que las Administraciones Públicas, también la local, son las garantes de este derecho a la Igualdad.
Junto a ello, la creciente sensibilización social, unida a las demandas generadas por el movimiento feminista, evidencian la necesidad de actuar a favor de la Igualdad entre mujeres y hombres.
Trabajar por la Igualdad es una cuestión de justicia social. Así lo reconoce nuestro sistema legal y es precisa la implicación de todas las personas que trabajan en la Administración Pública y, por tanto, al servicio de la ciudadanía y del bien común.